Entretres | Weblog de política.

Los senadores del PRI rechazaron el impuesto a los refrescos porque, según ellos, iba en contra de los intereses de un pueblo consumidor de bebidas embotelladas. Algo que se soslaya en este tipo de discusiones es que la mayor fuerza para determinar el precio al consumidor no está en los impuestos ni en los productores ni en los comerciantes ni en los polí­ticos, sino en la ley de la oferta y la demanda.

Si los refrescos suben de precio, los consumidores tienen dos opciones: pagar más o consumir menos. Como el refresco embotellado no es una necesidad vital del ser humano, quien quiera darse el lujo de tomarlo bien puede pagar por ello: “el que quiera azul celeste, que le cueste”. Si alguien no puede darse ese lujo entonces puede hacer lo que yo, tomar agua simple. A fin de cuentas el agua simple sirve para limpiar el cuerpo, mientras que el refresco es un peligro que puede causar caries, gastritis, cálculos renales, obesidad y descalcificación. Todo eso tiene un costo para los servicios de salud pública que se suma al costo ambiental de millones de envases desechables que contaminan cada rincón del paí­s. Para resolver esto (al menos en lo económico) bastarí­a con cobrar un impuesto que se aplicara para pagar la reparación de los daños que genera nuestra condición de primer consumidor per cápita de refrescos embotellados a nivel mundial. De este modo, el costo social de consumir refrescos serí­a pagado con los impuestos de quienes los consumen y no con lo que pagamos todos, incluso quienes no tomamos refrescos.

Lo que hicieron los senadores del PRI vuelve a cargar el costo de la irresponsabilidad en quienes pagamos responsablemente todos los impuestos que nos corresponden. Desde luego, no todos los refrescos son igualmente peligrosos para la salud, pero uno de los peores podrí­a estar detrás de la farsa prisita que rechazó el impuesto. La Coca Cola ejerce diversas prácticas de competencia desleal y no me sorprenderí­a que estuviera operando tras bambalinas en el Congreso de la Unión.

Si se aplica un impuesto más a la Coca Cola, el precio al consumidor podrí­a subir, pero entonces una parte de los consumidores podrí­a buscar otras opciones más baratas, de manera que la refresquera perderí­a clientes a menos que bajara sus precios y absorbiera el costo del nuevo impuesto. En tal caso, los consumidores acabarí­an pagando lo mismo, pero la Coca Cola tendrí­a menos utilidades, por lo que el impuesto no afectarí­a al pueblo consumidor de refrescos sino a la empresa trasnacional que lucra con ese pueblo.

Primero los diputados del PRI votaron a favor del impuesto y luego los senadores del PRI lo criticaron acremente. ¿Será que el PRI es adversario polí­tico del PRI? Más bien lo pasa es que ese partido no es ni ha sido una opción ideológica sino un instrumento de la clase polí­tica para mantenerse en el poder. Pueden estar un dí­a a favor del impuesto y, literalmente al dí­a siguiente, pueden estar radicalmente en contra. Se mueven como pluma en el viento y pueden decirse y contradecirse mil veces, pues cuentan con la fuerza corporativa para imponerse contra todo juicio racional. Ante eso no es difí­cil que una empresa refresquera trasnacional mueva los hilos para que los prisitas vean la luz de la noche a la mañana y voten al revés de cómo lo hicieron el dí­a anterior.

Los gobernantes prisitas asesinaron y torturaron gente en Tlaltelolco, en Atoyac, en la Normal, en cada procuradurí­a estatal o federal que tuvieron bajo su mandato y en dependencias gubernamentales hechas especialmente para eso, para la tortura y el crimen organizado. Un ejemplo de ello es la desaparecida División de Investigaciones Previas del Distrito Federal, que en los años setentas era famosa por la forma en que vertí­a agua mineral de Tehuacán mezclada con chile dentro de la nariz de los torturados. “Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla” y por eso hay que recordar una y mil veces que los torturadores del famoso tehuacanazo eran criminales pagados por el PRI-Gobierno. Muchos de los prisitas de hoy fueron partí­cipes de esos crí­menes y quedaron impunes. Muchos de los expriistas que militan en otros partidos fueron torturadores o solaparon a los torturadores de los años setentas.

Tal vez por eso el PRI rechazó el impuesto a los refrescos, añora los tiempos del tehuacanazo.

David Benavides Velázquez